
El derecho administrativo es la rama del Derecho Público que regula el funcionamiento del Estado en cuanto a sus atribuciones como administrador, los órganos ejecutivos del Estado y la relación de éstos con los particulares.
Desafortunadamente, las autoridades de gobierno, de cualquier nivel, no siempre emiten sus actos apegados a la ley, e incluso, a veces, los emiten en franca contravención a ésta; así, encontramos que cuando los particulares combaten con recursos tales como el de la revocación del acto de autoridad que le afecta, por lo general es un esfuerzo que resulta infructuoso, toda vez que es la propia autoridad emisora del acto administrativo la que revisa sus propios actos, y generalmente confirma el acto de molestia que representa el acto administrativo, aún cuando haya sido emitido cumpliendo con las formas, pero careciendo de fundamento.
El principio de derecho que menciona que «la autoridad sólo puede hacer lo que le permite la ley» es un fundamento base que, amalgamado con diversas disposiciones legales, y en particular constitucionales, nos permiten llevar a cabo mediante juicio de nulidad, una defensa adecuada de los derechos del gobernado frente a los actos de autoridad cuando exista alguna de las siguientes causales:
- Incompetencia de autoridad o funcionario emisor del acto.
- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, para la emisión del acto.
- Existen vicios de procedimiento que afecten las defensas del particular.
- Se trata de hechos que no sucedieron o que ocurrieron de diferente forma o fueron mal interpretados.
- Cuando lo que resuelve la autoridad no corresponda a los fines para los cuales se le otorgaron facultades.
Algunos ejemplos de problemas que atendemos, provenientes de todo tipo de autoridad:
- Requerimientos.
- Apercibimientos.
- Multas.
- Incumplimiento de Sentencias.
- Clausura de Negocios.
Ofrecemos el servicio de defensa para la resolución de problemas con la autoridad, presentes o concluidos desfavorablemente, o bien, como parte de una cobertura legal que permita la prevención de problemas a futuro, mediante la realización de gestiones y adecuado establecimiento de medidas de sujeción al marco legal, para todo tipo de personas y empresas.